Marzo/2001

HAY GESTOS QUE HUELEN A JUSTICIA,

QUE SUENAN A ESPERANZA,

QUE SABEN A VICTORIA

 

Hay Pueblos que saben esperar,

que saben que la violencia no tiene la última palabra,

que, aunque lenta y tardíamente, la justicia se impondrá.

La sangre del Pueblo nunca se vierte en vano.

 

Durante varios meses el dictador Pinochet y los suyos se han visto señalados por los dedos de millones de seres humanos. Dedos acusadores, dedos que exigían justicia. Para ello han sido necesarios muchos rodeos, muchas negociaciones, modificaciones de normas,... pero el general Pinochet ha sido arrestado como un asesino, jefe de asesinos. Desgraciadamente, su pena no va a restituir la vida a todas sus víctimas.

 

RESOLUCIÓN HISTÓRICA

Un juez argentino anula las leyes que impidieron juzgar a cientos de militares.

La resolución abre la puerta para que se pueda juzgar a todos los implicados en la guerra sucia

El juez federal argentino, Gabriel Cavallo, 42 años, ha declarado 'la inconstitucionalidad y la nulidad insanable' de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, aprobadas en diciembre de 1986 y junio de 1987 durante el Gobierno de Raúl Alfonsín después de los alzamientos protagonizados por los sectores carapintadas del Ejército de Tierra. Esas leyes libraron de juicio a 1.180 militares y policías, acusados de participar en los campos de concentración que montó la dictadura para el secuestro y la tortura de los detenidos, donde murieron asesinadas o desaparecieron unas 30.000 personas.

La resolución abre la posibilidad de que se vuelva a someter a juicio a todos los militares acusados supervivientes que no hubieran sido beneficiados, además, con el indulto dictado en 1990 por el presidente Carlos Menem.

REVISIÓN DEL PASADO EN ARGENTINA

Los opositores a las leyes de punto final dicen que “la impunidad mancha las instituciones"

Horacio Verbitsky solicitó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

 

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, aseguró no estar pensando en 'el pasado', sino en 'el presente y en el futuro de Argentina', cuando solicitó la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía de Punto Final y de Obediencia Debida para abrir las puertas a la reanudación de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. 'No creemos que hoy exista la posibilidad de un nuevo genocidio en Argentina, pero sí creemos que el veneno de la impunidad se ha ido extendiendo como una mancha venenosa sobre el conjunto de las instituciones argentinas', manifestó el periodista del diario argentino Página 12.

Ante la inminencia del fallo adoptado ayer por el juez federal Gabriel Cavallo, el pasado viernes 658 militares presentaron recursos de habeas data ante la subsecretaría de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el CELS para conocer si existen denuncias que los involucren en la represión ilegal de la dictadura que gobernó el país hace dos décadas.        

El director del CELS destacó que es la primera vez que 'las Fuerzas Armadas se subordinan explícitamente al poder político y a las organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de certificados de inocencia...”. “Es un gesto de desesperación, de impotencia, un gesto involuntario de homenaje a las organizaciones de la sociedad civil que resistieron a la dictadura, que investigaron sus crímenes, que no se resignaron a las leyes de impunidad, que han seguido reclamando no sólo la verdad, sino también la justicia”, dijo Verbitsky.

 

El golpista de Guatemala Ríos Montt pierde su inmunidad parlamentaria.                                                  

El ex general es hoy presidente del Congreso

El ex general golpista Efraín Ríos Montt, de 72 años, el mayor objetivo de las denuncias por los crímenes de la dictadura en Guatemala, ha perdido su inmunidad, aunque por un caso ajeno a sus años en el poder (1982-1983). Tras 13 horas de discusión, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, anunciaron su decisión de despojar de la inmunidad al hoy presidente del Congreso y a 23 diputados más del partido oficial.

Ríos Montt y los congresistas de su partido están acusados de haber alterado la ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas, al haber rebajado un 50% las tasas impositivas acordadas por la Asamblea Legislativa. Al estallar el escándalo, los congresistas del partido oficial hicieron desaparecer todas las pruebas que podían implicarlos: las libretas donde se recogía la versión taquigráfica de la sesión fueron tiradas 'accidentalmente' a la basura, y las cintas de vídeo y audio, borradas.

Cuando parecía imposible probar la comisión del delito, una periodista del matutino local Prensa Libre que había grabado y conservado la parte medular de la sesión, puso la cinta a disposición de la justicia, con lo cual todo el montaje del oficialismo se vino abajo.

El presidente del Colegio de Abogados, Mario René Chávez, señala que el camino por recorrer es largo y difícil. 'Ríos Montt, un hombre señalado como autor de gravísimas violaciones a los derechos humanos, tendrá el privilegio de sentarse en el banquillo de los acusados como presidente del Congreso. Y lo hace tras haber violado la Constitución y otras leyes ordinarias del país', puntualizó.

Mientras tanto, abogados de organizaciones de derechos humanos estudian la posibilidad de iniciar demandas relacionadas con los crímenes de lesa humanidad atribuidos a Ríos Montt. En teoría, la acción es posible, aunque los abogados del general argumentan que la pérdida de inmunidad se limita a los delitos que se le atribuyen por su presunta participación en la alteración de la ley sobre bebidas alcohólicas.