Actualidad9 (Abril-2000)

GUATEMALA: ¿DEMOCRACIA O IMPUNIDAD?

En tan sólo la última semana del pasado mes de Marzo, hemos asistido al siguiente espectáculo bochornoso, que continúa abierto. TEORICAMENTE, LA VERDAD ES BUENA Y SIEMPRE DEBE BUSCARSE. EN LA PRACTICA, CUANDO UNA VERDAD PUEDE AFECTAR A LOS PODEROSOS CRECERAN LOS OBSTÁCULOS PARA LLEGAR A ELLA.

El juez español Ruiz Polanco admite una denuncia presentada por Rigoberta Menchú -

 27-03-2000 ESPAÑA INVESTIGARÁ UNA DENUNCIA POR GENOCIDIO EN GUATEMALA

La Audiencia Nacional investigará la denuncia presentada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por presuntos delitos contra la humanidad cometidos en Guatemala al estimar que los tribunales españoles deben suplir a la jurisdicción de aquel país "en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz".

Sobre posibles “injerencias” en la soberanía de Guatemala

Según Ruiz Polanco, no cabe duda de que son los jueces guatemaltecos los que deberían investigar los hechos denunciados, pero que cuando no lo hacen "mal puede el Estado en cuyo territorio se ejecutaron hechos constitutivos de delito de persecución universal aducir injerencias en su soberanía".

El magistrado afirma que, al asumir la investigación, los tribunales españoles "lejos de invadir soberanías ajenas hacen valer la propia en función de la preservación de intereses comunes de la humanidad civilizada".

Una denuncia centrada en tres casos

El pasado 2 de diciembre, Rigoberta Menchú presentó en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional una denuncia centrada en tres casos, el primero de los cuales es el asalto a la Embajada de España en Guatemala, ocupada por decenas de indígenas que protestaban por su situación, en enero de 1980, en el que murieron 37 personas, entre ellos tres españoles y el padre de la propia Menchú.

Los otros dos casos que se detallaban eran la persecución que sufrió la familia Menchú -aparte del padre, dos hermanos fueron asesinados y su madre torturada- y la muerte de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo durante la dictadura.

Ruiz Polanco, quien admitió la denuncia por presuntos delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal cometidos en el periodo comprendido entre los años 1962 y 1996, dirige el procedimiento contra ocho personas, entre ellas el ex presidente de la República de Guatemala Fernando Romeo Lucas, actualmente residente en Venezuela.

También figuran los generales Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejías, ex jefes de Gobierno por golpe de Estado; los ex ministros de Defensa y de Gobernación Angel Aníbal Guevara y Donaldo Alvarez; el ex director de la Policía Nacional Germán Chupina; el ex jefe del Comando Seis de ese mismo cuerpo policial Pedro García Arrendondo y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García.

1980: Asalto a la Embajada española en Guatemala

Sobre los hechos acaecidos en 1980 en la Embajada de España -"es decir, en España", según el auto-, el juez asegura que el compromiso firmado por los dos Gobiernos en 1984, en el que el Ejecutivo guatemalteco se comprometió a activar "los procedimientos que lleven a deducir las responsabilidades a que hubiere lugar, de conformidad con su legislación interna", no es impedimento para investigar.

Ese compromiso, dice Ruiz Polanco, "exige a España la vigilancia o seguimiento de la actividad judicial guatemalteca que, sin paralizaciones injustificadas, proporcione las satisfacciones acordadas y ofrezca un ejemplo de seriedad en la averiguación y castigo de los culpables en la investigación sin pausa; y no parece que las cosas hayan devenido en la justa culminación de proceso judicial alguno".

El magistrado también ha ordenado enviar una comisión rogatoria a las autoridades guatemaltecas para que le informen "acerca de si en la actualidad se sigue algún proceso penal contra las personas denunciadas" y "acerca del domicilio actual de las personas denunciadas que residan en Guatemala".

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REACCIONES INMEDIATAS:

Denuncia admitida a trámite - 30-03-2000

EL FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA PIDE QUE SE ARCHIVE EL CASO DE GUATEMALA

El fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido que se archiven las actuaciones de este tribunal por presuntos delitos contra la humanidad cometidos en Guatemala, por considerar que carece de jurisdicción, además de destacar el deseo de ese país de “hacer Justicia respecto a sus errores del pasado”.

El fiscal ha presentado un recurso contra el auto del juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, en el que se declaró competente para investigar la denuncia presentada por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.

Falta de competencias

En su escrito, el fiscal sostiene también la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar el incidente, ya que, sostiene, que el ordenamiento jurídico no regula a las embajadas como territorio español en el extranjero.

El fiscal se refiere a la existencia del principio de cosa juzgada y recuerda que el proceso de paz llevado a cabo por la República de Guatemala, salvaguardado por la comunidad internacional, "ha puesto fin a una espiral de violencia engendrado por el estado de guerra".

Rechaza un procedimiento retroactivo

Según el fiscal, no se constata que los hechos objeto del procedimiento hayan sido denunciados ante las autoridades judiciales guatemaltecas sino que, por el contrario, "se confirma la voluntad de la República de Guatemala de resolver los horrores de su pasado, en la forma en que sus mayorías democráticas lo estimen conveniente y necesario".

Además, el Ministerio Público recurre el auto judicial por el hecho de que la persecución universal del delito de genocidio que se imputa a los denunciados está regulada por ley del 1 de julio de 1985, cuando los hechos por los que el juez acepta la competencia son los comprendidos hasta el 15 de mayo de 1984 y, por tanto, se aplica retroactivamente, lo que es un "principio vedado en el ámbito de aplicación de la Ley Penal".

"La embajada no es territorio español"

Sin embargo "nuestro ordenamiento jurídico no regula las embajadas como territorio español en el extranjero" aunque sí lo hace con buques y aeronaves, recuerda el fiscal, quien explica que el Convenio de Viena confiere a las embajadas la condición de inviolables "pero ello no las sustrae de la jurisdicción del Estado en el que se encuentran, y sólo afecta a la facultad de penetrar en las mismas".

El fiscal concluye que "de la más reciente historia del pueblo de Guatemala se desprende una sola idea, el deseo de dicha nación de hacer Justicia respecto a sus errores del pasado para conseguir por mediación de su proceso de paz la libertad de sus ciudadanos, fin último que debe de ser garantizado por el derecho internacional y nacional".

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Rigoberta Menchú se expone a una pena de hasta 20 años por "traición a la patria"

La justicia de Guatemala admite la querella

Una querella presentada ayer contra la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y las personas que le acompañan en su demanda contra ocho ex presidentes y generales guatemaltecos en la Audiencia Nacional española pide que Menchú y sus colaboradores sean condenados a penas de prisión de entre 10 y 20 años por un delito de traición a la patria.

La inculpación contra la activista maya, a la que se acusa de pretender devolver este país centroamericano al colonialismo español, viene contenida en una querella cursada a la Fiscalía General de la República por el abogado y notario Julio Cintrón Gálvez, y admitida por la fiscalía, que dirige Cándido Bremer.

Este letrado defendió anteriormente a militares cuya comparecencia ante los tribunales reclamaban familiares de víctimas de la cruenta guerra interna concluida en 1996 con un saldo de 200.000 muertos o desaparecidos. En esta ocasión insta a la Fiscalía General a que investigue y persiga a la Nobel, y al tribunal correspondiente, a que condene "tan deleznables hechos", en referencia a la iniciativa de preferir un tribunal español a los nacionales.

No es aislada la iniciativa del abogado guatemalteco, contrario a que oficiales y jefes implicados en los excesos cometidos durante un conflicto civil de casi 39 años entre Ejército y guerrillas, en el que la población civil puso el mayor número de vidas, sean conducidos a los tribunales. Cintrón refleja el punto de vista, y las tesis sostenidas por los ocho encausados en España, y sus oficios, generalmente alejados del protagonismo público, no son de ahora. Actuó en la primera fase de la instrucción de caso Xaman, población en la que, el 5 de octubre de 1995, once indígenas q'eqchies murieron a manos de una patrulla militar. Defendió a 23 militares acusados de participar en la matanza de la aldea de Dos Erres, en el año 1982, e intervino en el caso Bámaca.

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Nuevos casos se añaden al proceso iniciado ante la justicia española

J.J.A, Guatemala

Los abogados y activistas de derechos humanos que trabajan para documentar con pruebas la querella de Rigoberta Menchú por genocidio, tortura, terrorismo de Estado y detención ilegal, sumaron a los primeros casos concretos otros más generales. A los ocho militares buscados por el juez Guillermo Ruiz Polanco, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), integrado por familiares de desaparecidos y parte querellante, les atribuye el asesinato o desaparición forzosa de 90 catedráticos, 314 estudiantes universitarios y 200 sindicalistas.

El procurador general de los Derechos Humanos, Julio Arango, cuyo cargo tiene carácter estatal, agregará un expediente sobre el atentado del que fuera víctima el ex canciller y dirigente político de izquierda Alberto Fuentes Mohr. El ex presidente Lucas aparece como principal inculpado. Las personas que testimoniarían en España o en Guatemala son numerosas y su identidad no ha sido divulgada.

La sociedad guatemalteca asiste más pasiva que movilizada al proceso presentado de nuevo en España contra una tragedia nacional de dimensiones descomunales.

EL ASUNTO CONTINUA ABIERTO.

LA LECCION SE REPITE: EN NUESTRO MUNDO MODERNO

LOS PODERES PROCLAMAN LA DEMOCRACIA Y SE ESCUDAN EN LA IMPUNIDAD.