Mayo-2008

 

Oro parece, plata no es…

 

Cantidad de medidas, de actuaciones, de declaraciones,…no son lo que parecen. Y muchísimo menos viniendo de dirigentes políticos, o de cualquier otro sector que se vea obligado a cuidar su imagen ante la opinión pública. No es oro todo lo que reluce y por eso es importante una actitud crítica ante los acontecimientos.

Con ejemplos parece entendernos mejor.

 

A mediados de mayo, se publicó una noticia sobre Colombia, con gran sonoridad en los grandes medios de comunicación colombianos, norteamericanos y españoles (El País, The Washington Post, El Tiempo, Caracol, etc.). Los medios españoles El País y la cadena tv Cuatro son de PRISA, precisamente la empresa española con más inversiones en Colombia.

LA NOTICIA:

El gobierno colombiano extradita a EEUU a 14 jefes paramilitares, entre ellos Mancuso, Don Berna, Jorge 40, Gordo Lindo y Cuco Vanoy.

Jefes paramilitares, narcotraficantes y terribles sicarios, que cargan a sus espaldas decenas de miles de asesinatos e innumerables atrocidades, durante los últimos 28 años en Colombia.

Según el gobierno colombiano, se les extradita por delitos de narcotráfico, y como  demostración de que los delincuentes deben ser sometidos a la Justicia.

 

Miremos la noticia desde otro ángulo:

Aprovechando la engañosa Ley de Justicia y Paz, los paramilitares que confesaran y entregaran sus armas podrían ser castigados con penas muy reducidas (que podían quedar en dos o tres años de cárcel).

Y los paramilitares comenzaron a soltar por su boca: Sus declaraciones judiciales han puesto de manifiesto su vinculación con más de 60 congresistas del partido de Uribe, que se ha conocido como el “escándalo de la parapolítica”.  LA CRISIS POLÍTICA ES PROFUNDA.

La oposición acusa a Uribe de extraditar a los jefes paramilitares para obstaculizar las investigaciones. Iván Cepeda, abogado de las víctimas, calificó la decisión de «golpe bajo del Gobierno» destinado a impedir «la identificación de los cómplices entre políticos, militares y empresarios» que están siendo investigados. Recuerden que el 99% de los políticos encarcelados por sus nexos con el paramilitarismo «son uribistas o copartidarios del presidente».

Un golpe maestro para evitar que el propio presidente y su familia, políticos,  militares y empresarios nacionales y multinacionales se vean implicados por su vinculación con los paramilitares, y así gozar de total impunidad. 

Mancuso había llegado a afirmar que el 35% de los congresistas había sido impuesto por ellos. Se ha dicho que sólo algunas confesiones de “Macaco” y Don Berna podrían tumbar al gobierno.

Apenas abrieron sus bocas y se encontraron miles de fosas con cadáveres. Unas pocas declaraciones de estos jefes paramilitares y ya están encarcelados o encausados 76 parlamentarios de los 268 escaños que cuentan las dos cámaras. Sin contar los numerosos mandatarios regionales y locales imputados.

 

¿Verdaderamente se hará justicia con estos jefes paramilitares?

Teóricamente estos extraditados sólo enfrentarán cargos por narcotráfico, pero no tendrán que responder de sus muchos miles de asesinatos y atrocidades.

Posiblemente, a la vista de otros casos parecidos, podrán negociar sus penas a cambio de información: a Estados Unidos le interesa enormemente conocer nuevas rutas del narcotráfico.

Probablemente, como ha ocurrido en casos similares de colaboración, tras un  tiempo en la cárcel, recibirán una nueva identidad y podrán estar libres y disfrutar de sus colosales fortunas acumuladas.

 

¿Y en qué se beneficia el gobierno colombiano?

En primer lugar, el gobierno va a disfrutar de impunidad, porque esas bocas ya no tendrán la oportunidad de denunciarlo.

En segundo lugar, puede ser un gesto, que bien vendido por los medios de comunicación, puede servir para lavar la imagen del gobierno tan deteriorada actualmente.

En tercer lugar, puede ser una ayuda para seguir adelante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  Uribe y la oligarquía económica colombiana están muy interesados en que el Tratado salga adelante. EEUU, que estaba reticente a firmar dicho Tratado con Colombia, bajo la excusa de antecedentes oscuros en materia de derechos humanos y la narcopolítica, ha sentido alivio con esta medida.

 

Algunas pequeñas dudas:

¿No era deber del Estado entregar a estos delincuentes asesinos a la Justicia colombiana, antes que extraditarlos a Estados Unidos? ¿Acaso no es una ofensa a la conciencia ética de la humanidad que se cierre la posibilidad de justicia a las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por esos dirigentes paramilitares?

¿No deben prevalecer los derechos de las numerosas víctimas, sobre los intereses de Estados Unidos que sólo buscan negociaciones con los capos del narcotráfico? ¿Acaso el tráfico de drogas es equiparable a la comisión sistemática de miles de crímenes cometidos durante los últimos 40 años?

¿Cómo queda la credibilidad de la Justicia colombiana? "En cierto modo, es el reconocimiento implícito de la debilidad de su propio sistema", argumenta Shifter.

La Comisión Ética Internacional por la Verdad en Colombia insistió con interrogantes: ¿Qué pasará ahora con los casi 15 mil personas desaparecidas en Colombia? ¿Qué pasará con las más de 3.000 fosas comunes ubicadas en diferentes lugares del país, donde estos jefes paramilitares actuaron? ¿Qué pasará ahora con las casi 8 millones de hectáreas apropiadas de manera ilegal en desarrollo de sus crímenes? ¿Qué pasará ahora con la verdad sobre los vínculos entre políticos y grupos paramilitares, empresarios, autoridades civiles, judiciales y la Fuerza Pública? ¿Qué pasará ahora con las investigaciones de la llamada parapolítica en departamentos como Antioquia? ¿Qué pasará ahora con los derechos de las víctimas de estos crímenes? ¿Por qué no se actuó en Derecho y se sacó del marco de la Ley 975 a los 13 paramilitares y pasarlos a la Justicia Ordinaria? ¿Por qué no se actúa a favor de las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad? ¿Por qué la Fiscalía no defendió la posibilidad de que los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral se pudieran favorecer?

¿Hasta qué punto Colombia no está atada de pies y manos con el Plan Colombia II con inversiones norteamericanas que superan los 43.000 millones de dólares? ¿Acaso podrá lavar su imagen Colombia por seguir las directrices norteamericanas: de vincular a las FARC con los gobiernos de Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Paraguay para poder presentarlos ante la opinión mundial como regímenes al servicio del terrorismo y del narcotráfico?

¿Acaso el gobierno colombiano podrá justificar sus complicidades con los asesinos, por el mero hecho de utilizar supuestas grabaciones y archivos de portátiles arrebatados a guerrilleros en los que supuestamente se implica a todos los colectivos no uribistas: exguerrilleros, parlamentarios, mediadores de paz, dirigentes sociales, defensores de los derechos humanos,…?

¿Es causa de orgullo para Álvaro Uribe que actualmente Colombia haya quedado como la única representante de las políticas neoliberales en el cono sur?

 

Resulta tremendamente preocupante el papel del gobierno colombiano. No sólo se ha convertido en un personaje peligroso para toda América Latina. También es peligroso para el propio país, donde ha optado abiertamente a favor de las élites económicas y por el servilismo ante Estados Unidos.

Ha dado la espalda a los pobres: la pobreza es uno de los principales retos del país, junto con la desigualdad, que es una de las más altas de América Latina. El 20% más rico se llevan el 60% del ingreso nacional. El 20%  más pobre, apenas percibe el 3%. Es más, el 40% de la población no logra ni el 10% de toda la riqueza creada. Sólo el 1% de los terratenientes tienen más del 80% de todas las tierras de Colombia.

Resulta realmente preocupante, por mucho que el presidente Uribe trate de lavar su imagen. Eso sólo sirve para quienes se dejan engañar.

 

d.t.