Junio-2001

 

Hablar de un nuevo Informe de Amnistía Internacional sobre las mujeres, inmediatamente nos hace pensar que se trata de un tema fuerte.

¿Qué salvajadas no aparecerán en ese informe?

El informe se publicó el 7 de Marzo. Y efectivamente, nos habla del trato que reciben muchas mujeres en nuestro modernísimo y avanzadísimo siglo XXI.  

 

AI - Cuerpos rotos, mentes destrozadas: La tortura de mujeres en el mundo

La tortura de mujeres y niñas sigue siendo una práctica diaria en el mundo entero, según ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre la tortura de mujeres en el mundo titulado Cuerpos rotos, mentes destrozadas. «Esta práctica se alimenta de una cultura mundial que niega a las mujeres la igualdad de derechos respecto a los hombres, y que da legitimidad a la violencia contra las mujeres.»

«Los torturadores pueden ser agentes del Estado o miembros de grupos armados, pero lo más habitual es que sean familiares de la propia víctima, sus empleadores o miembros de su comunidad. Para muchas mujeres, su hogar es un lugar de terror.»

«K», de la República Democrática del Congo, estaba casada con un oficial del ejército que la torturaba constantemente, muchas veces delante de sus hijos. La violó en numerosas ocasiones, le contagió enfermedades de transmisión sexual y, con frecuencia, la amenazaba con matarla con un arma de fuego. Durante un incidente, le arrancó un diente, le dislocó la mandíbula y le propinó en el ojo un puñetazo tan fuerte que «K» necesitó varios puntos de sutura; además, esta mujer sufría lesiones constantes en la nariz, el cuello, la cabeza, la columna vertebral, la cadera y los pies.

«K», que finalmente pidió asilo en Estados Unidos, declaró que era inútil intentar denunciar la situación a la policía, en parte porque su esposo tenía relaciones con la familia gobernante y en parte porque «las mujeres no son nada en el Congo». Un juez de inmigración estadounidense calificó de «atrocidades» los abusos que había sufrido, pero denegó su solicitud de asilo; esta decisión fue confirmada por el tribunal de apelación sobre cuestiones de inmigración.

Este informe es parte de la campaña mundial contra la tortura que está realizando Amnistía Internacional, e insta a los gobiernos a que se comprometan a proteger a las mujeres y las niñas frente a la tortura. Los gobiernos que eluden sistemáticamente su deber de tomar medidas para impedir la violencia contra las mujeres en el hogar y la comunidad y proteger a las mujeres frente a estas prácticas son también responsables de la tortura y los malos tratos infligidos.

«Los Estados, en virtud del derecho internacional, tienen el deber de prohibir e impedir la tortura y de responder a los casos de tortura en todas las circunstancias. Sin embargo, vemos con demasiada frecuencia cómo los gobiernos, lejos de brindar una protección adecuada a las mujeres, se convierten en cómplices de estos abusos, los encubren, los consienten y permiten que continúen sin hacer nada para impedirlos.»

La violencia en el seno del hogar es una práctica realmente universal. Según cifras del Banco Mundial, al menos el 20 por ciento de las mujeres han sufrido agresiones o abusos sexuales. Los informes oficiales elaborados por Estados Unidos dicen que cada 15 segundos una mujer es golpeada, y que 700.000 son violadas cada año. En la India, más del 40 por ciento de las mujeres casadas afirman haber recibido patadas o bofetones o sufrido abusos sexuales simplemente porque a sus esposos no les gusta su manera de cocinar o de limpiar, por celos o por otros motivos. En Egipto, el 35 por ciento de las mujeres afirman haber sufrido palizas a manos de sus esposos.

Algunos grupos de mujeres son especialmente vulnerables a la tortura y los malos tratos, y sufren discriminación múltiple. No son torturadas sólo por ser mujeres sino también por motivos como la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la posición social, la clase o la edad.

Es habitual que las empleadas domésticas, muchas de las cuales son extranjeras, sufran malos tratos a manos de sus empleadores. A causa de su situación de inmigrantes, lo más probable es que no logren obtener una reparación legal.

Nasiroh es una joven indonesia que viajó a Arabia Saudí en 1993 para trabajar como empleada doméstica. Según contó a Amnistía Internacional, fue sometida a abusos sexuales por su empleador, falsamente acusada del asesinato de éste, y torturada y sometida a más abusos sexuales por la policía durante dos años de detención en régimen de incomunicación. Los funcionarios de su embajada no la visitaron ni una sola vez. El juicio fue tan rápido que no supo que la habían declarado culpable. Sigue sin saber cuál es el «delito» por el que estuvo cinco años en prisión.

En diversos países como Irak, Jordania, Pakistán y Turquía se han denunciado «crímenes en nombre del honor» tales como tortura y homicidios. Niñas y mujeres de todas las edades son acusadas de deshonrar a sus familias y a su comunidad con su conducta. Las conductas reprobadas van desde simplemente conversar con un vecino varón hasta mantener relaciones sexuales extraconyugales. La mera percepción de que una mujer ha mancillado el honor de la familia puede dar lugar a tortura y malos tratos.

También las mujeres que son compradas y vendidas para ser explotadas de diversas formas, como el trabajo forzado, la explotación sexual o el matrimonio forzado, están expuestas a sufrir tortura. La trata de personas es la tercera fuente de ingresos de la delincuencia organizada internacional, después del tráfico de drogas y de armas. Las mujeres objeto de trata son especialmente vulnerables a la violencia física (incluida la violación), el confinamiento ilegal, la confiscación de sus documentos de identidad, e incluso la esclavitud.

Las mujeres muchas veces son víctimas de tortura en los conflictos armados por su papel de educadoras y de símbolos de la comunidad. E n el genocidio de Ruanda de 1994, las mujeres tutsis, y en la ex Yugoslavia, las mujeres musulmanas, serbias, croatas y de etnia albanesa, todas fueron torturadas porque eran mujeres de un determinado grupo étnico, nacional o religioso.

Las mujeres que han sufrido tortura se encuentran con numerosos obstáculos a la hora de intentar obtener una reparación. Algunos de esos obstáculos son la indiferencia de la policía, la no tipificación de los abusos como delito, la discriminación de la mujer en el sistema judicial, y la existencia de procedimientos legales que obstaculizan la imparcialidad de los procesamientos penales.

Cuando tenía 15 años, los padres de «G» la vendieron como esposa a un vecino a cambio de que éste les ayudara a pagar la hipoteca que gravaba su granja en El Salvador. El esposo de «G» la violaba y le daba palizas habitualmente, lo que le causó lesiones que requirieron hospitalización. «G» acudió a la policía en busca de protección, pero le dijeron que no podían hacer nada porque era un asunto personal. A los 20 años huyó con sus dos hijos, pero sus padres y su esposo la encontraron. Su madre la sujetó mientras su esposo la pegaba con un palo. «G» huyó a Estados Unidos y pidió asilo, pero le han comunicado que va a ser devuelta a su país.

En muchas partes del mundo, lo normal es que la policía no investigue los abusos que denuncian las mujeres, y que, en lugar de tramitar la denuncia, envíe de vuelta a sus casas a las mujeres maltratadas. Según un estudio sobre la violencia doméstica en Tailandia, la policía solía aconsejar a las mujeres que se reconciliaran con sus parejas tras el incidente de violencia, y las mujeres, para que la denuncia siguiera adelante, tenían que pagar un soborno. En todo el mundo, sólo 27 países han dictado leyes específicas contra la violación dentro del matrimonio.

En Pakistán, si una mujer no demuestra que no ha consentido en mantener relaciones sexuales con un hombre, puede ser acusada de zina (fornicación), delito castigado con la muerte por lapidación o con la flagelación pública. En algunos países, las mujeres no pueden comparecer personalmente ante los tribunales: se supone que sus familiares varones defienden sus intereses. Por ejemplo, las mujeres de Arabia Saudí que huyen de su casa para pedir ayuda a la policía corren peligro de ser detenidas por mostrarse en público sin ir acompañadas de un familiar varón.

Amnistía Internacional ha declarado: «Ya es hora de que los gobiernos reconozcan que la violencia en el hogar y la comunidad no es un asunto privado, sino que es responsabilidad del Estado. Las normas internacionales establecen claramente que los Estados tienen el deber de garantizar que nadie es sometido a tortura o malos tratos en ningún lugar, a manos de ninguna persona. Si los Estados no cumplen con esta responsabilidad, se convierten en responsables del sufrimiento que no han impedido».

El informe de Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones detalladas que los gobiernos pueden poner en práctica. Entre ellas se encuentran el condenar públicamente la violencia contra las mujeres, tipificar esa violencia como delito, investigar todas las denuncias que se presenten, y procesar y castigar a los perpetradores.