Febrero-2007

Para diversas causas dignas humanitarias se están creando

Tribunales Populares e Internacionales de Opinión que juzgan y sentencian públicamente.

Los periodistas e ilustres demagogos que acusan

inmediatamente de demagogos a los demás, que hagan el favor de callarse.

Lean detenidamente el siguiente documento y valórenlo en todos sus términos.

Esto no es un juego infantil, esto es una denuncia y un juicio que parte de hechos y de injusticias reales.

 

Reunido en Gijón (España), entre el 9 y el 11 de Noviembre de 2006

Sentencia del Tribunal Popular de opinión para juzgar la deuda externa

 

Tras la realización de dos vistas previas en Gijón y Oviedo se celebró en Gijón, entre el 9 y el 11 de Noviembre de 2006 el “Tribunal Internacional de Opinión para juzgar las políticas de Deuda Externa” con la finalidad de enjuiciar la responsabilidad del gobierno español, las empresas transnacionales españolas y las instituciones financieras internacionales en relación con los daños causados por la llamada Deuda Externa en los pueblos del sur.

Esta deuda produce perjuicios desde una perspectiva estrictamente económica, empobreciendo a los pueblos al deteriorar el medio ambiente y el entorno natural, causando un daño que se trasmite a las futuras generaciones, fracturando la convivencia y la organización política, impidiendo un desarrollo democrático de los pueblos, afectando especialmente a las mujeres, profundizando así la brecha de género y propiciando flujos migratorios masivos e incluso conflictos armados.

Sobre estos puntos versaron los debates, las exposiciones de los y las testigos, expertos y expertas, así como los argumentos defensivos o justificativos y sobre los mismos, el Jurado ha emitido un veredicto, tras lo cual, este

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN PARA JUZGAR LA DEUDA EXTERNA

Formula, EN NOMBRE DE LOS PUEBLOS QUE SOPORTAN LA DEUDA EXTERNA y de todos los ciudadanos y ciudadanas solidarios con los mismos, esta SENTENCIA que declara probados los siguientes HECHOS:

1. Constatamos que el monto de la denominada “Deuda Externa” se ha ido acrecentando de forma vertiginosa en las últimas décadas y que supone un claro obstáculo para el desarrollo de una vida digna de los pueblos.


2. Constatamos que el pago de la Deuda Externa cobra diariamente la muerte de personas y es una de las mayores causas de la violencia estructural y de la violación sistemática de los Derechos Humanos de la mayor parte de la población mundial.


3. Constatamos que dicha Deuda es ILEGÍTIMA, INMORAL y YA ESTÁ PAGADA con creces. Por lo tanto, no cabe hablar de condonaciones, sino que es necesaria su abolición y la búsqueda de mecanismos de restitución que reconozcan la DEUDA HISTÓRICA contraída por los países del Norte con los países del Sur.


4. Constatamos que la Deuda Externa es un instrumento, aunque no el único, de saqueo permanente del Sur y un deliberado medio de presión para imponer políticas neoliberales a los Gobiernos de los países mal llamados deudores por parte de las Instituciones Financieras Internacionales y las grandes transnacionales. Este instrumento mantiene atrapado al Sur en un ciclo de dependencia y de más deuda.


5. Constatamos que la sociedad, tanto de los países deudores como de los acreedores, no conoce la realidad de la Deuda Externa. Este desconocimiento, del que resulta cómplice la mayor parte de la ciudadanía, es dirigido intencionadamente por parte tanto de las Instituciones Financieras Internacionales como por los Gobiernos, pretende la desmovilización civil y menoscaba el derecho de autodeterminación de los pueblos.


6. Constatamos una DEUDA CULTURAL por el trasvase de valores y perversión del lenguaje que convierte a los acreedores en supuestos deudores; el robo y el saqueo en interdependencia y globalización; la humillación y la auto-complacencia en ayuda y cooperación.


7. Constatamos que el gobierno español así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la banca privada han participado en la comisión de actos internacionalmente ilícitos, dando apoyo a regímenes criminales, dictatoriales y autoritarios cuando están obligados por el derecho internacional a respetar y hacer respetar los derechos humanos.


8. Constatamos que el gobierno español utiliza los créditos FAD, para perpetuar la generación de Deuda Externa sirviéndose de los mismos para fomentar la internacionalización de la economía española.


9. Constatamos que la Deuda Externa afecta directamente a la vida de las personas especialmente en lo que hace referencia a:


MIGRACIONES
Las políticas impulsadas por las Instituciones Financieras Internacionales, así como los tratados de libre comercio, atentan contra el empleo estable de los países del Sur, provocan el empobrecimiento de los mismos, afectando directamente a la sociedad que se ve forzada a la emigración tanto dentro del propio país como hacia otros países.

Una consecuencia directa de esto es la existencia de los denominados “países fantasma”, con la mayoría de su población habitando en el exterior de los mismos.

Las migraciones suponen una evasión de recursos económicos y humanos de los países del Sur. Estos recursos generan una riqueza muy importante en los países de acogida que no es compensada en absoluto por las remesas. Es decir, la emigración supone una fuga de capital desde el Sur al Norte.


GÉNERO
Las mujeres no han estado legal ni legítimamente representadas en los órganos de decisión, políticos, económicos, etc. Son objeto de la deuda pero en ningún caso han tomado decisiones sobre la misma y sin embargo son quienes más pagan las consecuencias.

La Deuda Externa afecta a la vida de las mujeres en lo que se refiere a: condiciones laborales miserables y no reconocimiento del trabajo no remunerado, discriminación sexual, pobreza, prostitución, esclavitud sexual, problemas de salud y falta de acceso al poder político.

El Banco Mundial asigna un valor monetario a la igualdad de géneros lo que obliga que sus programas estén concebidos de manera que guarden relación con los "costos de oportunidad" y "eficiencia" de los derechos de la mujer.

El Banco Mundial controla, mediante su financiación, a las organizaciones nacionales de mujeres vinculadas al poder político, con lo que consigue que éstas avalen la perspectiva del Banco Mundial acerca del género.


DEUDA ECOLÓGICA

El Gobierno Español impulsa, mediante mecanismos como CESCE o COFIDES, exportaciones e inversiones directas en el exterior que conculcan el derecho ambiental de las poblaciones del Sur. El Gobierno no tiene establecidos mecanismos adecuados de control y desatiende sus obligaciones referentes a los derechos ambientales de la ciudadanía.

El Gobierno Español impulsa políticas económicas basadas en el consumo desproporcionado de recursos que acaban forzando altos niveles de importaciones que en ocasiones repercuten negativamente en la vida de la ciudadanía de los países del sur.

El Gobierno Español impulsa políticas energéticas dentro del Estado que acaban repercutiendo negativamente en la ciudadanía del sur, conculcando así sus derechos.

Las transnacionales españolas como Unión FENOSA, Endesa o Iberdrola, entre otras, se benefician de un nivel de emisiones excesivo sin responsabilizarse de los impactos de las mismas. Igualmente, estas y otras empresas como Repsol YPF y ENCE, producen directamente daños ambientales y sociales al medio ambiente y los pueblos del Sur sin responsabilizarse de la violación de los derechos ambientales. Adicionalmente, las consecuencias de las acciones de muchas empresas en el Sur impiden la soberanía alimentaria de estos países.


DEUDA DE GUERRA

En algunos países, como el caso de Colombia, el presupuesto público es financiado significativamente con recursos de crédito y un porcentaje elevado de los mismos se utiliza para la financiación de conflictos sociales y políticos. Empresas como General Dynamics, con fábricas en Asturias, se benefician de esta situación.

Por ello se condena al Gobierno español, a las instituciones financieras y comerciales internacionales así como a las empresas transnacionales españolas a:

1. Reconocer política y jurídicamente que las mujeres y hombres de los países del Sur son sujetos de derecho. Se debe garantizar satisfactoriamente los derechos de todas las víctimas de la globalización capitalista a la verdad, la justicia y la reparación integral.

2. Ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa. Prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de los ciudadanos o impida la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía alimentaría, educación, salud, vivienda digna, agua potable, soberanía cultural, etc.).

3. Instalar una moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países del estado español con el fin de realizar Auditorias Públicas Integrales y participativas para determinar la ilegitimidad de la deuda exigida.

4. Abolir de forma inmediata e incondicional todas las deudas impagables e ilegítimas. Establecer un calendario de compromisos para adoptar un proceso que muestre la verdad y las responsabilidades políticas y judiciales de aquellas personas y/o instituciones que permitieron, fomentaron e hicieron uso de los créditos ilegítimos. Restituir los daños causados e indemnizar a las víctimas.

5. Reconocer la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos - lo que implica pedir públicamente perdón por los daños y perjuicios causados -, establecer mecanismos para su restitución y aplicar políticas que eviten su generación.

La prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales. La derogación de todas aquellas políticas que fomentan un modelo de producción, transporte y consumo, dependientes de la importación de energías no renovables o la utilización de espacios ambientales fuera de nuestro territorio.

La cancelación de todos los mecanismos de flexibilidad que permitan incumplir los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

6. Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la generación de deudas ecológicas, sociales y políticas.

La creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas.

7. La eliminación de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) como instrumento de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el cierre de la CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y el cese inmediato de sus actividades, así como la no contabilización de la cancelación de la deuda como AOD.

8. La no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva Deuda Externa o de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas.

9. Ejecutar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto público militar. Además del no apoyo a leyes que fomentan la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.

10. La incorporación de los puntos expuestos anteriormente en la Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa, actualmente en tramite en el Parlamento español, así como en los Presupuestos Generales del Estado.

11. Promover en el ámbito internacional el no reconocimiento tanto de la deuda externa multilateral como de la privada, y proceder al desmantelamiento de las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.

12. Replantear completamente el concepto de deuda externa para que los países mal llamados deudores sean considerados acreedores y los países generadores de Deuda Ecológica, Social y Política, como el Estado español, sean considerados deudores.

13. Garantizar el derecho a la información y el derecho a informar de los ciudadanos mediante legislaciones que pongan fin a la concentración de medios y favorezcan a la prensa sin animo de lucro.

14. Encaminar todas las políticas públicas y privadas hacia una profunda transformación del sistema económico capitalista.

Ordenamos a todas las autoridades y funcionarios que cumplan y hagan cumplir la presente sentencia contra la que no cabe recurso alguno.

Y así lo declaramos y firmamos en Gijón, a 11 de Noviembre de 2006.

El Jurado Popular ha fallado de forma unánime que los acusados son culpables de todos los delitos imputados y acusaciones realizadas por la campaña ¿Quién debe a quién?